"No podemos comprometer las arcas fiscales": el Gobierno descartó declarar la emergencia industrial

El Poder Ejecutivo de Tucumán descartó, al menos por el momento, la posibilidad de acceder al pedido de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) para declarar la emergencia del sector en territorio provincial. El ministro de Economía, Daniel Abad, en declaraciones a Tendencia de Noticias, fundamentó la negativa al señalar que la administración ya realiza una inversión masiva en beneficios impositivos que sitúa a la provincia a la vanguardia del apoyo al sector privado, pero advirtió que las arcas públicas se encuentran en una situación de extrema fragilidad. Esta postura oficial choca con el diagnóstico de la UIT y las Uniones Industriales del Norte Grande (UNINOR), quienes en el reciente plenario del Parlamento del Norte Grande declararon que la industria se encamina a un "fracaso irreversible" debido a la caída sostenida del consumo y el aumento de costos operativos.

Al ser consultado sobre el pedido de los industriales, el ministro Abad fue contundente respecto al esfuerzo que ya realiza el Estado provincial: “Tucumán es la provincia que más invierte en exenciones impositivas y en reducción de alícuotas. Tucumán, a valores de hoy, 50 millones de dólares está invirtiendo en el sector privado entre alícuota cero y reducciones”. El funcionario ejemplificó que el bioetanol paga solo un 1,5% de tasa cuando debería tributar el 5%, y que las textiles cuentan con exenciones totales en Ingresos Brutos y Salud Pública. Sin embargo, la UIT, representada por su presidente Jorge Rocchia Ferro (foto inferior), sostiene que estas medidas son insuficientes ante una caída interanual del 8,7% de la actividad. Rocchia Ferro había manifestado con dureza: “No venimos a pedir prebendas; venimos a declarar al sector industrial en estado de emergencia”.

El proyecto elevado por la UIT a la Legislatura propone un esquema de alivio profundo hasta fines de 2026, incluyendo la “libre disponibilidad de los saldos a favor de Ingresos Brutos”, la “Alícuota 0 en Salud Pública” y la “suspensión de juicios y medidas cautelares” por 365 días. No obstante, para el Ministerio de Economía, profundizar estos beneficios pondría en riesgo la gestión estatal básica. “Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande y vamos a seguir acompañando en todo aquello. Lo que no podemos hacer es seguir comprometiendo las arcas fiscales porque, la verdad, que estamos al límite y no podemos hacer eso”, sentenció Abad, añadiendo que la prioridad actual es “garantizar los insumos, los servicios básicos, los sueldos y las obras que están en curso. No podemos desviar ese camino por ahora”.

El reclamo de los industriales tucumanos también se enmarca en un fuerte descontento con las políticas de la administración central de Javier Milei. Durante el Parlamento del Norte Grande, Rocchia Ferro denunció el olvido del gobierno federal: “El Norte Grande existe, creo que hemos sido olvidados por el gobierno central, creo que nos tratan exactamente como Kelpers. No existimos para el gobierno nacional”. El proyecto de la UIT busca compensar este escenario mediante la eliminación de las “aduanas virtuales provinciales” y la implementación de un régimen de "Compre Provincial" para priorizar la producción local en las compras estatales.

Finalmente, mientras el sector industrial advierte que en el norte el cierre de una fábrica implica una “pérdida irreversible”, el Gobierno provincial mantiene su cautela fiscal. Abad reconoció que, si la recaudación continúa en descenso, se dificulta establecer un “horizonte previsible” tanto para la Nación como para la provincia. Por el momento, la creación de la comisión específica solicitada por la UIT para redactar la ley de emergencia quedará supeditada a la evolución de las finanzas públicas, priorizando el cumplimiento de las obligaciones salariales y operativas del Estado.